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Desafíos y estrategias para el efectivo acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad. Una introducción
Challenges and strategies for effective access to justice for vulnerable sectors. An introduction.
Marisa Natalia Fassi*
Resumen
Este artículo procura introducir el dossier ‘Justicia y Vulnerabilidad(es). Acceso a la justicia de personas con discapacidad, personas mayores y niños, niñas y adolescentes’ de la Revista Argumentos. Esta edición especial agrupa una serie de artículos desarrollados por participantes de los equipos de investigación-acción para el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad -Proyecto AJuV- de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Para ello, se abordan los lineamientos generales que marcan las tendencias actuales en torno al acceso a la justicia. Luego, se desarrolla, sintéticamente, el objetivo y método del Proyecto AJuV, para finalmente comentar brevemente los artículos que encontrarán en el dossier.
Palabras clave: Acceso a la justicia, Vulnerabilidad, Investigación-acción, Igualdad, Derechos humanos.
Abstract
This paper aims at introducien the Revista Argumento’s special issue ‘Justice and Vulnerabili(es). Access to justice for persons with disabilities, Elder persons, and children and adolescents’. It brings together a number of contributions devoloped by members of the research-action Project for the Access to justice of vulnerable populations – Proyecto AJuV- of the Human Rights’ Office of the Cordoba Judiciary. To do so, it develops general undestandings which frame current tendencias towards Access to justice. Then, it briefly develops the aim and methods of Proyecto AJuV and shortly comments the papers included in the special issue.
Keywords: Access to justice, Vulnerability, Research-action, Equality, Human rights.
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* Universidad Nacional de Córdoba - Directora del Proyecto AJuV de investigación-acción para el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba Argentina. Co-directora del Programa GeDeS de Género, Derecho y Sociedad del CIJS-Conicet – E-mail: mfassi@justiciacordoba.gob.ar – ORCID: 0000-0002-9859-696X
“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. . .
Son lo mejor de nosotros. Denles vida.”
Kofi Annan
(Secretario Gral. de la ONU entre 1997 y 2006)
Un sinnúmero de personas se esfuerza día a día por dar vida a los derechos humanos desde sus propios lugares de trabajo y acción. En el caso de quienes ocupan posiciones dentro del Estado, la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos no es una mera invitación, sino una obligación jurídica. Sin embargo, son múltiples los obstáculos que se advierten en el pleno ejercicio de los derechos humanos. Existen barreras macro-estructurales que sistemáticamente privan a gran parte de la población del goce de sus derechos fundamentales; y existen también barreras subjetivas, ancladas en estereotipos y prejuicios que generan prácticas actitudinales excluyentes. Estas dimensiones convergen en la cotidianeidad de quienes más sufren la marginación en el acceso a derechos; en el vínculo dialógico que existe entre sujeto y estructura.
Estas múltiples exclusiones revelan la complejidad que adquiere el acceso a la justicia como derecho humano fundamental. Con el dictado de tratados y convenciones destinadas a proteger los derechos de sectores y grupos específicos, los postulados de acceso a la justicia como derecho fundamental comenzaron a hacer eco de la mirada de igualdad material y se señalaron las particularidades que adquiere este derecho con relación a grupos históricamente desaventajados. Son tantas las aristas y barreras que atraviesan a este “derecho de derechos”, como son los horizontes de posibilidad para transformarlas. Es por esto que, a fines del año 2017, iniciamos desde la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial una iniciativa para intentar abordar, dentro de las posibilidades del ámbito judicial, aquellos aspectos que permitan mejorar el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad.
Se optó por un diseño metodológico que permitiera atender a los obstáculos específicos que enfrentan estos sectores en la provincia de Córdoba, como así también consultar a actores clave de la sociedad civil, la academia y otras instituciones del Estado sobre sus sugerencias de mejora. Nace, a partir de así, el Proyecto AJuV de investigación-acción para el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad (Ac. 664, Serie ‘A’, del 11/09/17).
Este Dossier de la Revista Argumentos es fruto del trabajo sistemático y reflexivo de personas que integran los equipos de investigación-acción de la primera fase del Proyecto AJuV, la cual se enfocó en tres sectores en particular: personas mayores, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes. A modo de introducción, las próximas líneas están dedicadas a abordar los lineamientos generales que marcan las tendencias actuales en torno al acceso a la justicia. Luego, se desarrolla sintéticamente el objetivo y método del Proyecto AJuV; para finalmente comentar brevemente los artículos que encontrarán en este dossier.
Debates actuales en torno al acceso a la justicia
El avance y creciente interés por la temática del acceso a la justicia ha permitido revelar la complejidad que este derecho adquiere como derecho humano fundamental (Birgin et al, 2006, Cappeletti y Garth, 1996; Farrow, 2014; Lista y Begala, 2000, Méndez, 2000; Marabotto Lugaro, 2003), particularmente para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Se puede vislumbrar un movimiento paradigmático desde un acceso formal a un tribunal competente para resolver una disputa determinada, hacia un acceso sustancial y material que atienda las desigualdades históricas que afectan a sectores en condición de vulnerabilidad.
Es así que ya no basta la mera disponibilidad de los mecanismos jurisdiccionales para canalizar reclamos de derechos, sino que se exige la promoción de herramientas que aseguren el acceso efectivo a todas las personas sin distinciones ni discriminaciones arbitrarias; articulando, para esto, mecanismos que faciliten la igualdad real de acceso en todas las áreas del Estado. Esto es lo que algunas corrientes teóricas han dado en llamar el paso del ‘acceso a la justicia’ a el ‘acceso a justicia’.
La mirada clásica del acceso a la justicia daba cuenta del derecho a peticionar ante las autoridades, se consagró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art 8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art 18), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 25). En este articulado internacional, quedan establecidos los cuatro elementos tradicionales que hacen a la protección judicial, que son: contar con un recurso accesible, disponible, idóneo y efectivo. El acceso a la justicia, desde esta concepción, tiene una clara raigambre liberal y se concibe como una herramienta de defensa individual que permite peticionar ante las autoridades. Lorenzetti (2008) señala que aquella corriente tradicional asentada en la libertad y auto- responsabilidad fue corregida por aquellas corrientes que propugnan el principio de igualdad, el principio protectorio y la tutela de las personas en condición de vulnerabilidad.
El derecho humano de acceso a la justicia comienza a tener una concepción más robusta, para la cual se deben erradicar todos los obstáculos que impidan que toda persona, sin distinciones arbitrarias, pueda a acudir ante las autoridades estatales por violaciones a sus derechos y obtenga un debido proceso legal donde defender sus intereses en forma efectiva y en condición de igualdad material. En este contexto, destacan las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”, dictadas en el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en el año 2008 y modificada para su última edición en el año 2018; estas reglas se han constituido como instrumentos rectores de prácticas judiciales que garantizan el real acceso a la justicia.
Apunta Maurino (2008) que el desafío es repensar conceptualmente el derecho de acceso a la justicia, en cada una de sus dimensiones: 1) ya no desde una dimensión instrumental sino sustantiva, es decir que “la posibilidad efectiva de que los grupos postergados accedan a la Justicia no es sólo un medio para que otro derecho sea protegido o no, sino que constituye en sí misma un elemento que permite juzgar o evaluar la legitimidad de un sistema institucional” (p.144); 2) repensar la concepción defensiva por una dimensión emancipatoria del acceso a la justicia, “tendiente a la adquisición de condiciones de igual ciudadanía para todos” (p.144) ; 3) incorporar al dimensión colectiva a la dimensión individual de derechos, “donde lo que está en juego no es la protección de un individuo sino la mejora en las condiciones de vida estructurales de un grupo” (p.145).
En esta línea, se ha destacado la necesidad de procurar mecanismos de atención y promoción específicos para garantizar el efectivo acceso a la justicia a aquellos grupos que han sido históricamente discriminados y que, por tanto, enfrentan dificultades estructurales y una posición de vulnerabilidad tal que deben ser atendidas para una tutela efectiva de los derechos (Cappeletti y Garth, 1996; Farrow, 2014; Lorenzetti, 2008; Robles, 2011).
Actualmente, una mirada holística de la efectivización del derecho de acceso a la justicia, en el ámbito judicial, exige complementar las medidas adoptadas para viabilizar el aspecto procesal del acceso a la justicia con el aspecto subjetivo de cultura jurídica, influyendo positivamente en la formación y las aptitudes del personal judicial, sobre aquellos modos de actuación que facilitan u obstaculizan el efectivo acceso a la justicia; particularmente en lo que hace a los grupos en condiciones de vulnerabilidad . Por lo tanto, procura promover el conocimiento jurídico y desarrollo de cultura jurídica que permita:
Crear las disposiciones subjetivas de quienes juzgan para percibir las vulnerabilidades y darles el tratamiento debido; instaurar los mecanismos de control de la gestión que garanticen la calidad de la justicia que se administra y la observancia de los derechos de quienes acudan a ella, cualquiera que sea su condición social. (Remigio Ferro et. al., 2016)
Aquí, cobran especial relevancia los mecanismos de participación democrática en la elaboración de herramientas de mejora al acceso a la justicia, y particularmente el abordaje transdisciplinario. En línea con la visión de la Revista Argumentos, estos brindan insumos epistémicos y operativos que nos permiten generar los diálogos para descubrir las policromías de las culturas jurídicas (Andruet, 2016). Estas corrientes y transformaciones en torno al acceso a la justicia inspiraron la propuesta del Proyecto AJuV.
El Proyecto AJuV
A fines de 2017, se aprobó el Proyecto AJuV de investigación-acción para el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba, por Acordada del Tribunal Superior de Justicia 664, Serie ‘A’, del 11/09/17. El Proyecto AJuV tiene como objetivo desarrollar estrategias de acción contextuales que permitan efectivizar el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad en el ámbito judicial. Las próximas líneas están dedicadas a compartir la experiencia de trabajo de estos años de ejecución del Proyecto AJuV , con la intención de construir puentes de diálogo a nivel local, regional e internacional que nos permitan abrir caminos posibles para lograr una Justicia cada vez más cercana. El Proyecto AJuV es una propuesta de investigación-acción diseñada específicamente para elaborar estrategias de acción que permitan mejorar el acceso a la justicia en el Poder Judicial de Córdoba, Argentina.
El Proyecto AJuV se asienta sobre los postulados teórico-normativos que señalan al acceso a la justicia como: un derecho humano fundamental, que exige mayor protección en favor de las personas en condición de vulnerabilidad para dar real respuesta al principio de igualdad material, y fundamentalmente que entiende al acceso a la justicia como relacional, y por tanto, considera que una cabal promoción de este derecho exige trabajar sobre los aspectos subjetivos de cultura jurídica de quienes ocupan posiciones en el Estado.
La perspectiva epistémica en la que se basa el diseño metodológico critica el rol unívoco de los saberes expertos y considera fundamental, por tanto, el vínculo dialógico con los saberes de la experiencia en el en la producción del conocimiento contextual. Esta mirada epistémica, implica la aplicación de una metodología de contextualización que permita poner en diálogo el saber experto con el saber de la experiencia, y relativizar las respuestas universales y universalizables de acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad.
El Proyecto AJuV se desarrolla siguiendo estrictas consideraciones éticas. El diseño cumple con las pautas establecidas por las “Proposiciones para una ciencia y una tecnología socialmente responsables del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina” (MinCyT, 2014). De allí que, en aquellas etapas en que se involucre a grupos vulnerables se garantizarán los resguardos éticos en el desarrollo del proyecto en tres niveles: prácticas de recolección de datos, proceso de investigación y publicaciones. En la recolección de datos se garantiza la utilización apropiada del manejo de datos y su almacenamiento codificado, el que solo será reutilizado garantizando la privacidad y confidencialidad de los mismos. En cuanto al proceso de investigación del proyecto, se garantiza el trato no discriminatorio, particularmente en cuanto a la utilización de lenguaje claro y sensible al género, y la interacción adecuada conforme a la persona participante.
La metodología de trabajo se compone de una serie de etapas sucesivas y dialógicas entre capacitación, sensibilización y promoción de prácticas de actuación. En la primera etapa se conforma un equipo de investigación de entre 12 y 15 personas, con personal judicial de todas las sedes y de todos los fueros, en convocatoria abierta y transparente. El trabajo del equipo privilegia el uso de herramientas virtuales de comunicación, para así facilitar la participación de personal judicial de las áreas más distantes de la provincia, lo que permite democratizar la participación interna.
Este equipo de investigación es el encargado de diseñar un primer abordaje a las problemáticas y normativa vigente con relación a cada sector en condición de vulnerabilidad. Se recopilan antecedentes, bibliografía, fuentes periodísticas y redes sociales, normativa vigente, doctrina y jurisprudencia. Luego, se recopilan datos empíricos en encuestas masivas y generales al personal judicial, y en los mecanismos de participación democrática con actores clave, tales como conversatorios, talleres con sectores en condición de vulnerabilidad y consultas externas.
El equipo realiza así, una evaluación del estado actual en torno a las demandas, los obstáculos, buenas prácticas y los desafíos del Poder Judicial de Córdoba con relación a cada temática. Cada uno de los artículos que componen este dossier han sido escritos por personas que participan activamente de los equipos de investigación-acción de la fase I, la cual se enfoca en: personas mayores, personas con discapacidad, y niños, niñas y adolescentes.
Aportes al dossier
En las próximas páginas encontrarán un caleidoscopio de ideas desarrolladas y profundizadas por personal judicial que ha dedicado, con compromiso y constancia, sus esfuerzos a hacer crecer el Proyecto AJuV desde sus comienzos. Todas sus miradas, aunque específicas y dispares en contenido, apuntan a promover el acceso real y sustantivo del acceso a la justicia de sectores históricamente desaventajados.
En su artículo: Legislación sobre infancias en Argentina. Una mirada en el contexto histórico, María Cecilia Battistini nos brinda un recorrido por los procesos y acontecimientos históricos que enmarcaron los cambios normativos más significativos en el abordaje jurídico de la niñez y adolescencia. Este enfoque nos permite situar el contexto actual de acceso a la justicia de la niñez y adolescencia como producto de tensiones sociales y procesos culturales más amplios que incluyen no solo el devenir a nivel local sino también mundial.
En co-autoría del artículo, Derecho de niños, niñas y adolescentes a una protección especial, entendido como un derecho adicional, Yanina Soledad Álvarez y Marina Gabriela Magnano exploran en detalle el corpus iuris que da sustento a la protección especial de niñas, niños y adolescentes, y brindan la argumentación jurídica que permite afirmar de manera sólida y precisa la concepción de la protección especial como derecho adicional y su correlativo deber de prestación positiva del Estado. En este contexto, el derecho a la participación judicial efectiva y el derecho a expresarse libremente y que sus palabras sean tenidas en cuenta se configuran como una necesidad universal esencial de la niñez y adolescencia que debe ser respetada y promovida en todo ámbito estatal.
En su artículo: El adultocentrismo en las decisiones judiciales cordobesas sobre asuntos que involucran a la niñez y adolescencia, Eliana Wenk pone de relieve el adultocentrismo que, en tanto paradigma, discurso, y estructura desigual de poder opera como barrera al efectivo acceso a la justicia de la niñez y adolescencia. Sobre la base de este marco teórico-conceptual, analiza una serie de sentencias judiciales de la provincia de Córdoba. Poder distinguir sesgos, muchas veces naturalizados, es un primer paso para poder transformarlos.
Por su parte, en su artículo, ¿Qué ves cuando me escuchas? Análisis de las intervenciones judiciales en niñez, Patricia Luna nos brinda la mirada psico-social del momento de escucha a niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial. Este artículo nos interpela directamente sobre nuestros supuestos y prenociones al momento de interactuar con niños, niñas y adolescentes, nos invita a analizar nuestras implicaciones y a revisar críticamente nuestras prácticas a la luz de la efectiva protección de derechos la niñez vulnerada. Nos ofrece, también, herramientas para comprender y prever el modo de ‘decir’ de la niñez y la adolescencia, y de este modo poder transformar los supuestos y prenociones que generan prácticas excluyentes en el ámbito judicial.
En su artículo: Reglas prácticas en la accesibilidad, Santiago Molina Sandoval analiza los modos de asegurar la accesibilidad universal para las personas con discapacidad a partir del actual modelo social de derechos humanos como derecho humano. El aporte teórico de este artículo es interpretado con miras a brindar un abanico de reglas prácticas que permitan reconocer las posibilidades concretas de acción para efectivizar este derecho.
Por su parte, en su artículo Desafíos procesales para la efectiva aplicación del modelo social de la discapacidad, Luciana Falcucci desarrolla la disposición convencional que obliga a los Estados a aplicar ajustes de procedimientos y razonables. La analiza a la luz de la constitucionalización del derecho privado y elabora los puntos a ponderar en aquellas situaciones en las que se advierte una tensión entre las normas de procedimiento local y los mandatos tanto convencionales como de la reforma al Código Civil
Por último, en su artículo Lenguaje judicial y personas mayores, Leticia Angela Zapata aborda los desafíos actuales vinculados al uso del lenguaje en el ámbito judicial, especialmente en casos que involucran a personas mayores. El artículo resalta la heterogeneidad del colectivo de personas mayores, y desarrolla un marco conceptual que permite distinguir aquellas pautas que nos permiten promover comunicaciones judiciales libres de estereotipos negativos hacia la vejez, también llamados ‘viejismos’.
El punto focal de cada artículo varía, pero todos se asientan en una noción de acceso a la justicia como derecho fundamental, que exige mayor protección en favor de las personas en condición de vulnerabilidad para dar real respuesta al principio de igualdad material. Esperamos que cada uno de estos aportes sea una invitación a reflexionar colectivamente sobre aquellas prácticas y postulados excluyentes arraigados históricamente, no solo en el ámbito judicial, sino también en la sociedad toda.
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[1] Para un estudio comparado en la materia se referencia ver Gramatikov y Verdonschot (2010).
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